Antes de perder la mayoría en el Congreso de Puebla para cederla a Morena, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó 526 cuentas públicas en solo dos sesiones, de las que destacan la de los poderes del estado, en manos del grupo morenovallista, así como la exoneración de ediles cercanos a esa misma expresión política y ex funcionarios marinistas.
El presidente de la Comisión Inspectora, José Germán Jiménez García, reconoció que el objetivo es sacar todas las cuentas pendientes, por lo que dejó abierta la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria para someter a votación un nuevo paquete de los años 2015 y 2016.
“No estamos politizando el tema”, comentó el legislador que coordina a la bancada de Compromiso por Puebla (CPP), aliada del PAN en el Congreso y en los procesos electorales.
Acción Nacional tiene el control de todos los órganos internos del Congreso desde 2011, que coincidió con el arribo de Rafael Moreno Valle Rosas al Poder Ejecutivo local, pero lo perderá con el inicio de la próxima legislatura el 15 de septiembre, debido a que Morena, el PT y el Partido Encuentro Social (PES), de la coalición “Juntos Haremos Historia”, tendrán 22 de los 41 diputados.
Los palomeados por el Congreso
La Comisión Inspectora presentó al pleno del Congreso las 526 cuentas públicas en las sesiones del 27 y 31 de julio en la recta final de la LIX Legislatura, donde la oposición se reduce a los diputados Socorro Quezada Tiempo del PRD y el sin partido Julián Peña Hidalgo, mientras el PAN mantiene una alianza parlamentaria con el resto de los diputados del PRD, Panal, MC, CPP, PRI, PVEM y PT.
El viernes 27 de julio el Poder Legislativo aprobó en esas condiciones 212 cuentas públicas, entre las que se encontraron la 2017 del gobernador Antonio Gali Fayad, ex secretario de Infraestructura de Moreno Valle.
Los diputados también validaron el ejercicio del gasto del Congreso de Puebla y la Auditoría Superior del Estado de los años 2016 y 2015, de los que son responsables el diputado albiazul con licencia de cargo Jorge Aguilar Chedraui –quien fue secretario de Salud en el sexenio morenovallista– y David Villanueva Lomelí, respectivamente.
Villanueva llegó al frente de la ASE en 2011 y es yerno del ex gobernador Melquiades Morales Flores, a quien se le acusa en el interior del PRI de traicionar a su partido por apoyar al grupo morenovallista en las elecciones.
En la sesión del 31 de julio, con la que cerró el segundo periodo ordinario de trabajo del Congreso en 2018, la Comisión Inspectora presentó 59 cuentas para su aprobación, 51 Inicios de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR), 169 resoluciones de IPADR, 17 resoluciones de recursos de revocación y 12 recursos de revocación para su admisión.
Los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres que libraron sanciones con la resolución de los IPADR fueron Ricardo Villa Issa por la cuenta pública 2010 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) y Mariana de los Ángeles Marina Blanco, ex directora del extinto Instituto de Artesanías e Industrias Populares del Estado de Puebla, a quien se evaluó del 1 de enero al 17 de abril de 2011; además, el Congreso aprobó las cuentas públicas Eduardo Rivera Pérez y Porfirio Loeza Aguilar Aguilar, ex ediles de Puebla y Tlatlauquitepec, tras retractarse de las sanciones que les había impuesto.
Rivera logró el aval del Poder Legislativo para su cuenta pública 2013, luego de que apoyó la candidatura de la actual gobernadora electa Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle; mientras, Porfirio Loeza Aguilar siempre se mantuvo cercano a Moreno Valle, lo que le permitió librar las sanciones que le impuso en 2010 un Congreso dominado en ese entonces por el Partido Revolucionario Institucional.
Nota Original: La Jornada de Oriente