(Notimex).- La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal resolvió que no hubo uso indebido de recursos públicos por parte de la Comisión Permanente del Congreso ni de la PGR por difundir un punto de acuerdo, un boletín y un informe sobre Ricardo Anaya Cortés.
En sesión pública, el Pleno de la Sala Especializada revisó el juicio por el que el Partido Acción Nacional (PAN) denunció el presunto uso indebido de recursos públicos por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Preguntan si me arrepiento de haber promovido el Frente y apoyado a @RicardoAnayaC.
De ninguna manera.
Sin dudarlo lo volvería a hacer.
Cometimos errores.
Y pudimos contestar mejor la guerra sucia de @EPN.
Pero construimos una opción democrática frente a la restauración.
— Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) July 18, 2018
Lo anterior con motivo de la difusión de un punto de acuerdo, un boletín y un informe sobre indagatorias en torno a los ciudadanos Manuel Barreiro, Ricardo Anaya y otros.
Para el PAN, eso podría ser una estrategia de la Comisión Permanente y de la PGR para influir en la equidad de la contienda electoral de cara a la elección presidencial, donde Anaya fue candidato de la coalición Por México al Frente.
Y a todo esto ¿van a meter a la cárcel a @RicardoAnayaC por lavado de dinero como marca la ley o en verdad sólo le montaron el número para frenar su candidatura? Esto último se demostrará si no es detenido y enjuiciado. Así de sencillo.
— Esteban Arce (@estarc62) July 18, 2018
Del análisis de las pruebas, la Sala Especializada determinó que la Comisión Permanente y la PGR actuaron en acatamiento de los deberes de transparencia y máxima publicidad como parte de sus funciones parlamentarias.
Tampoco hay elementos que acrediten un uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral.
Sobre si se vincula a Ricardo Anaya con diversos delitos, se estimó que las frases que se utilizaron en los documentos son resultado de las labores parlamentarias de la Comisión Permanente, reconocidas y amparadas por la Constitución.
