La semana pasada, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad que se reconozca la violencia política de género como un tipo de violencia contra las mujeres para ser incluida dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, aprobó la paridad en todo para las futuras elecciones, es decir, que el reparto de candidaturas deberá regirse bajo el criterio de la paridad de género.
Lo anterior reviste una gran importancia para las mujeres, ya que durante décadas vieron obstaculizado su camino por sus mismos compañeros de partido quienes no estaban dispuestos a ceder posiciones a sus compañeras militantes, a quienes de manera machista, consideraban incapaces para el ejercicio de la política y quienes por ende las violentaban de distintas maneras, incluido el acoso para que cedieran de sus aspiraciones políticas.
En este sentido, hace dos años asistí a un foro donde ex candidatas y candidatas electas ya en funciones, compartieron sus experiencias sobre la violencia que habían sufrido durante el proceso electoral de 2018 y fue muy interesante escuchar que todas coincidían en que era en el interior de sus partidos donde más violencia habían padecido.
Cabe recordar que en aquellas elecciones, Puebla fue la entidad que más casos de violencia política tuvo, con 15 casos, incluido el lamentable feminicidio de Juana Iraís Maldonado Infante, candidata a diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así que el hecho de que se incluya a la violencia política como un tipo de violencia para poder ser sancionada, brindará mayor seguridad y certeza a las militantes de los partidos políticos, de que no serán más objeto de esta violencia y de que podrán ejercer libremente sus derechos partidarios y políticos.
Recordemos que las mujeres obtuvieron el derecho al voto el 17 de Octubre de 1953, pero su participación activa en cuanto a candidaturas ha sido muy limitada por lo que les mencionaba párrafos arriba sobre la renuencia de los varones a dejarlas participar, razón por la cual se instituyeron las cuotas de género en 1993 y la paridad en todo a partir de las ya citadas elecciones del 2018.
Dicha paridad se ha ido aprobando a nivel local por cada Congreso estatal, con el objetivo de que a nivel nacional, las mujeres tengan igual participación que los hombres en todos los niveles de gobierno.
Esperemos que ambas aprobaciones de la actual legislatura no se queden sólo en el papel, como ha solido ocurrir con casi todo lo referente a las mujeres.
Por cierto que la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, tuvo un papel muy activo y fundamental en estos logros para las mujeres.
Ahora las malas noticias.
Resulta que desde principios de mes, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), anunció el recorte del presupuesto destinado para las estrategias y acciones a implementar en la mayoría de los estados donde se tiene decretada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y la eliminación del mismo en otros.
La decisión fue firmada de manera arbitraria por su aún titular, Candelaria Ochoa, un día antes de dejar el cargo e incluso el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que esto fue un error, pero mientras esto se resuelve, 7 estados, incluido Puebla, se verán atados de manos para continuar con la implementación de las estrategias que ya se estaban llevando a cabo y las que faltaba poner en acción.
Por otro lado, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), sufrió un considerable recorte en su presupuesto, pero supuestamente no afectará la ejecución de programas y estrategias en favor de las mujeres, sino que será aplicado en otros rubros a nivel administrativo.
Ojalá esto sea cierto, porque si no, habrá un retroceso en cuanto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, justo en un momento tan delicado, donde ésta ha aumentado considerablemente desde el inicio de la pandemia.
Nos leemos el próximo lunes.
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ARIANNA COS
COMO MARIPOSA