Después de que la auditoría superior del estado denunciara ante la fiscalía a diversos ex titulares de la secretaría de finanzas que estuvieron durante el morenovallismo tales como Roberto Moya, Raúl Sanhez Kobashi, entre otros por el desvío de 544 millones de pesos en facturas falsas, el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta, comentó que esto habla del manejo irregular de los recursos públicos.
Barbosa Huerta, comentó que ya había sido informado acerca de la denuncia y de lo que se había encontrado y esto ha sido posible a partir de la revisión de la información documental entregada para justificar el gasto.
Mencionó que aún hay mucho por conocer, sin embargo, la denuncia que presenta la auditoria habla del manejo irregular de los recursos públicos en la época de los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali
Refirió que espera que las investigaciones que se están dando a conocer tengan una conclusión satisfactoria con la integración de los elementos de la ley para su judicialización correspondiente
En otro tema, comentó que se están revisando, sin tendencia política, todo lo que aparece en las cuentas públicas, esto de acuerdo a las tres supuestas empresas fantasmas que manejaba Eduardo Rivera, ex presidente municipal de Puebla durante su mandato.
Afirmó que se abrirá una investigación para saber que hay o no en caso de que el ex edil manejara facturas falsas durante su administración.
Por otra parte, refirió que el proceso de Valentin Meneses es sobre hechos prescritos y que en todo caso el juez lo definirá en la declaración que rinda, esto ante la presunción de Meneses podría alcanzar a pagar una fianza para obtener su libertad.
Mencionó que es un proceso penal anterior el que se le imputa por lo que deberá calificar procedente o no la solicitud de los abogados de Meneses para otorgarle libertad caucional, situación que no hicieron los abogados defensores.
Afirmó que no se va a pronunciar sobre si procede o no la caución ya que es decisión del juez y se le comentó que los hechos no estaban prescritos, por lo que, podría acudir a un juicio de amparo.
Comentó que el juicio deberá definir la condición que desahogue el proceso.
Destacó que esto habla de la descomposición que hubo en una época donde se atrevían a hacer hasta presuntamente liberaciones irregulares de procesados.
“Se portaban mal los muchachos, eran muy abusivos”, finalizó.
Por: Sheccid Shiels
Foto: Esimagen